Los nuevos contadores de la luz, un
peligro para la salud pública
En noviembre de
2011 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificaba las tecnologías
inalámbricas (antenas de telefonía, teléfonos móviles, radares, Wi-Fi, Wimax,
WLAN, Bluetooth) que emiten microondas o radiación electromagnética
como cancerígenas tipo 2B, un nivel de clasificación igual al DDT, un pesticida
prohibido en gran parte del mundo.
Dicha clasificación se hacía pública tras un largo y dificultoso
proceso en que hubo que identificar y expulsar de la comisión evaluadora a los
científicos financiados directamente por la industria energética y de la
telefonía móvil.
Una noticia de
tanta importancia y significación para la salud pública no recibió la cobertura
mediática que merecía, al mismo tiempo que –ignorando
las repetidas llamadas del Consejo Europeo por el principio de precaución en la
aplicación de estas tecnologías- el Ministerio de Educación imponía el Wi-Fi en
las aulas sin dejar opción a la conexión de Internet por cable ni tan sólo en
los centros escolares en que padres y maestros, que ya eran conscientes de la
acumulación de evidencia científica vinculando la exposición continua a campos
electromagnéticos a diversas patologías, lo pedían.
Destacados
científicos como Magda Havas en la Trent University (Canadá), David Carpenter
en la SUNY-Albany (EEUU), i Olle Johansson del Karolinska Institute (Suecia)
han establecido una relación entre el despliegue de dichas tecnologías que
emiten radiación electromagnética y el incremento de patologías como el cáncer,
la infertilidad, la diabetes, patologías cardíacas y del sistema nervioso,
insomnio, depresión y electrosensibilidad. Olle Johansson afirma que las
personas con electrosensibilidad reaccionan de una forma celularmente correcta
ante la radiación electromagnética, una reacción de evitación correcta del
mismo modo que una persona evitaría estar expuesta a los rayos solares, los
rayos X, la radiactividad o los olores químicos.
En el caso de los niños, el
incremento de la hiperactividad y los problemas de aprendizaje y conducta en
niños sometidos constantemente a estrés metabólico bajo campos
electromagnéticos elevados se está tratando con calmantes y antidepresivos,
cuando bastaría con poner Internet con cable y regular el acceso de los menores
a los teléfonos móviles únicamente en caso de extrema necesidad.
El proyecto de sustitución inminente de los contadores
de la luz y agua actuales por otros electrónicos que funcionan como una antena
de telefonía emitiendo microondas las 24 hora del día (y que permiten a las empresas leerlos y controlarlos a distancia para
ahorrarse el sueldo de las personas que han de ir por las casas a leerlos)
suponen una amenaza directa para la salud pública, que debido a la densidad de
población y a la organización urbanística podría convertir este país en uno de
los más contaminados electromagnéticamente
del mundo.
Ya tenemos la experiencia de los EEUU, donde el despliegue de estos
contadores se inició en enero de 2011 de forma totalmente antidemocrática (sin la
posibilidad de poder quedarte con el contador analógico y comunicar las
lecturas a la empresa personalmente), dejando poco
después a miles de personas lesionadas por radiación electromagnética, algunas
personas con marcapasos e implantes metálicos muertas, personas que no eran
electrosensibles se volvieron después de tener un contador electrónico en casa –o docenas si se vive en un edificio de apartamentos-, y los que ya
estaban sensibilizados a los campos electromagnéticos tuvieron que marcharse de
casa y vivir en el coche buscando lugares donde aparcar para dormir alejados de
antenas o en el bosque.
En el estado de California, las protestas diarias de miles de personas frente a la California Public Utilities
Commission (CPUC) –la agencia del gobierno reguladora de las compañías privadas
eléctricas, de agua, gas y telecomunicaciones-, durante más de un año consiguieron finalmente la posibilidad de pedir
que les devolvieran el contador analógico a cambio de un elevado impuesto.
La Academia
Americana de Medicina Ambiental hizo pública su oposición a la instalación de
estos contadores, especialmente en escuelas y hogares. Docenas de pueblos y ciudades pasaron ordenanzas municipales
prohibiendo la instalación de dichos contadores mal llamados “inteligentes” o
más bien “soplones” (por la amenaza no sólo a la salud, sino también a la
privacidad de las personas).
Nuestros
municipios deberían plantearse un diálogo social profundo y crítico sobre la
relación entre cambio tecnológico y social, democracia y bienestar, aplicando
de manera responsable el principio de precaución y diciendo simplemente “¡no!” a la instalación de estos
contadores. Creo que la sociedad y los ciudadanos
son quienes deben decidir el qué y el cómo de los cambios tecnológicos, y no la
tecnología la que decida el cambio social y hasta los “cambios” genéticos
humanos. Al fin y al cabo, los ingenieros de telecomunicaciones no reciben
formación alguna en biología ni en medicina en la facultad, y corresponde a la
sociedad decidir sobre su salud y su bienestar.
Fina Carpena
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